a. Poner en marcha
programas de entrenamiento, dirigidos a las/los agentes de salud, que permita
introducir la perspectiva de género en sus prácticas. Dichos programas deberían
incluir información sobre legislación local e internacional en derechos humanos
en materia de salud sexual y reproductiva, y de violencia contra las mujeres.
b. Implementar un
plan de sensibilización y formación –a través de los medios de comunicación,
entidades educativas y de salud- para aumentar el cuidado prenatal; que promueva el compromiso de los varones, tanto en el
cuidado de las mujeres durante el embarazo como en la prevención del embarazo
no deseado.
c. Promover, mediante acciones concretas, la
corresponsabilidad como modo de vida equitativo e igualitario entre mujeres y
hombres, y la corresponsabilidad comunitaria en no legitimar el abandono
paterno.
d. Profundizar las políticas y programas de apoyo a
las embarazadas en situación de pobreza.
e.
Profundizar el alcance de los servicios de atención de salud integral para
adolescentes e implementar consejerías en salud sexual y reproductiva en los
servicios de salud. La promoción de una sexualidad libre y responsable debe
incluir acciones concretas y de largo alcance para la prevención del embarazo.
f.
Priorizar la coeducación y la educación sexual en el currículo en todos los
niveles educativos.
g.
Desarrollar planes y programas de capacitación actualizados para maestros y
profesores en temas de salud sexual y reproductiva.
h.
Implementar, a nivel de las comunidades y unidades educativas, campañas a largo
plazo, que propicien un cambio cultural en relación al género y al ejercicio de
la sexualidad. Dichas campañas deberían basarse en la reflexión sobre:
proyectos de vida, la diferenciación entre disfrute de la sexualidad y
reproducción, las relaciones afectivas en un marco de autonomía, igualdad y
responsabilidad, el derecho a la autonomía de las mujeres y la valoración de la
paternidad y sus compromisos.
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